Uteros en alquiler

Durante los últimos años México ha comenzado a discutir el tema de la maternidad subrogada en un contexto complicado en que la violencia feminicida se ha disparado con 1,900 asesinatos al año. La crisis de seguridad en México arroja una carga extraordinaria de violencia contra mujeres y su consecuente impunidad. Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Tabasco son los estados en que la delincuencia organizada ha establecido negocios de trata de personas en que el 62% son mujeres, niñas y adolescentes. El negocio de la venta de órganos y la subrogación están controlados por grupos criminales. Hace diez años la industria de úteros en renta producía 449 millones de dólares americanos[1] solamente en la India. En 2012 las ganancias de esta industria alcanzaron en este país 2.5 mil millones de dólares [2]. La maternidad subrogada se ha convertido en una industria que provee de niños y niñas a parejas y personas de países desarrollados utilizando los cuerpos de mujeres en países en desarrollo; que enriquece a sus intermediarios.

La India es probablemente el país que puede compararse mejor con la población mexicana que es contratada para la renta de úteros; mujeres en situación de pobreza o necesidades emergentes de salud u otras que les hace ver un embarazo como única salida a su problema. La renta de úteros, vientres en alquiler o maternidad subrogada, consiste en inseminar un embrión en el útero sano de una mujer que, una vez llegado el término, entregará al bebé a sus padres biológicos. La mujer en todos los casos debe firmar un contrato en que se compromete a seguir las reglas de alimentación, vivienda y exámenes clínicos impuestos por quienes rentan su vientre.

Esta industria fue creada en los EE. UU. en 1970. Inicialmente el negocio se mantuvo con bajo perfil, hasta que el abogado Noel Keane abrió la primera agencia de mujeres fértiles para rentar su vientre a parejas que más tarde adoptarían legalmente al bebé. Keane pronto se hizo millonario; una parte ínfima de las ganancias terminaba en manos de las jóvenes parturientas. A fines de la década varias agencias similares abrieron en ese país pero se mantuvieron de manera semi-legal [3] hasta que en 1986 llegó a la cortes el caso de una mujer. B Withehead fue contratada por 10 mil dólares para tener el bebé de los adinerados Sterns. El óvulo era de Withehead y el esperma de Stern. El largo litigio cubrió el tema óvulo contra esperma ¿quién domina? La madre dijo al juez que una vez que su bebé nació sintió un fuerte vínculo emocional y se dio cuenta de que la vendería como una esclava, por dinero. Finalmente el juez determinó que los Stern tenían mucho dinero por tanto darían una vida mejor a la criatura y quitó los derechos a la madre biológica. A partir de este caso, muchos estados de ese país prohibieron cualquier forma de maternidad subrogada.; Sin embargo, en 1990 científicos desarrollaron el trasplante embrionario, lo que facilitaba una forma de “subrogación gestante” sin que la madre tuviera derechos biológicos o genéticos sobre el producto. A ellas se les llamó “madres incubadoras”. La tecnología, como lo ha dicho la investigadora sueca Kajsa Ekis Ekman,  permitió que parejas o solteros de raza blanca o asiática y clase alta pudieran ir a la India y tener un bebé sin facciones hindúes, así éste se convirtió en el primer país abierto a la popularización de las “madres incubadoras”.

En 1993 se desató un caso similar al anterior, la diferencia fue que el juez determinó que “la mujer no es la madre del bebé, por tanto no estaba ejerciendo sus derechos a una elección reproductiva, ella estaba proveyendo un servicio”[4]. Este veredicto ha sentado el precedente en legislación de diversos países para argumentar que como el óvulo no pertenece a la mujer, no ejerce la maternidad sino que su útero provee un servicio, es decir el cuerpo de la mujer puede ser considerado mercancía. Con técnica jurídica se cosifica el cuerpo y un contrato permite que mientras el útero sea utilizado por los propietarios del embrión, estos pueden tomar decisiones sobre la alimentación y otros comportamientos de la persona no-madre que incuba al producto. Cinco casos similares se han detectado en Tabasco, México, todos operados ilegalmente en clínicas privadas.

Según los estudios de la experta en Derechos Sexuales y Reproductivos Olga Van Der Aker, en 2015 aumentó tres veces el número de parejas o solteros homosexuales que quieren un hijo y deben adquirirlo en otro país porque en el propio está prohibida la adopción para ellos o porque quieren pasar los genes paternos; en esos casos el óvulo debe ser de la mujer gestante, esto representa un creciente problema de corrupción en que fuerzan a las mujeres a mentir en los contratos. También lo hacen en casos en que la pareja de mujeres o hetero carece de óvulos sanos.

Tanto grupos feministas, como Queer, GLBT, políticos ultra conservadores y de izquierda defienden la maternidad subrogada como un acto revolucionario, pero toda la literatura y publicidad pro-vientres en alquiler hace alusión a idealizar la familia biparental biológica como un milagro que completa a las parejas (la más conservadora de las formas familiares). Ellos, los dueños del esperma, defienden su derecho a la paternidad biológica y niegan el mismo derecho a la dueña del óvulo; la incongruencia es clara y representa un dilema: la paternidad biológica debe celebrarse, la maternidad es parte de un “añejo paradigma biológico”. Hay un discurso inacabado que pretende aportar una mirada ética a la defensa de la supremacía de derechos masculinos sobre los femeninos y derechos de ricos sobre pobres. Lo único en juego son las necesidades y emociones de los contratantes, la contratada no tiene voz, ni derechos: ella se renta, se cosifica, no es madre, es una vasija.

La investigadora norteamericana Helena Ragoné es autora del discurso postmoderno a favor de la maternidad subrogada[5]; argumenta que como las parejas blancas contratan a mujeres negras, hindúes y latinas para implantar sus embriones eso demuestra que se ha roto la barrera del racismo. Incluso, arguye Ragoné, las clases sociales se ayudan entre sí, porque mejora la economía de las mujeres pobres. Según la autora “gracias a la tecnología científica la unidad orgánica entre el feto y la madre ya no debe asumirse como algo natural”. Esto, según la experta es progresista porque libera a las mujeres. Lo cierto es que las mujeres hindúes o mexicanas de Tabasco, a quienes he entrevistado para mis reportajes sobre trata de personas, tienen una visión de la maternidad bastante convencional (no son feministas) ni se sienten liberadas, simplemente resuelven su economía con lo que la sociedad les ofrece como única salida rápida.  

Llama la atención el grado de contradicción de activistas pro-subrogación que aseguran que una pareja sin hijos no es una familia y habrá que llegar a cualquier extremo para que las personas se realicen a través de ese vínculo. Otro elemento tradicionalista en el discurso pro es el de que las familias que “llegan a extremos de pagar miles de dólares por un bebé serán los mejores padres”; el planteamiento es en sí mismo clasista y netamente capitalista, en este discurso quien tiene dinero tiene derechos superiores.

La famosa teórica sueca pro-subrogación Kutte Jonsson argumenta en su propuesta de ley: “incluso si el embarazo implica riesgos psicológicos y físicos  para la mujer contratada, es un error prohibirla porque restringiríamos su oportunidad de usar su cuerpo a cambio de dinero”[6]. Este es un argumento idéntico al utilizado por activistas que defienden el comercio sexual a pesar de sus consecuencias, incluida la esclavitud, la violencia y los problemas de salud vinculados. Han dado por perdida la batalla por la igualdad. Plantean la idea de que la salud psico-emocional, psico-sexual y física de las mujeres debe quedar fuera de la discusión legal cuando se trata de intercambios monetarios. Eso no es feminismo, es capitalismo neoliberal.

Las nuevas corrientes occidentales llaman a la subrogación “vientres de alquiler” debido a los logros del lobbying legislativo para negar la maternidad de una mujer embarazada si el embrión ha sido implantado, pero también para sembrar la idea en el imaginario colectivo de que el cuerpo de las mujeres puede ser compartimentado de  tal forma que su útero no esté vinculado con sus emociones y su salud durante 9 meses. Este argumento es fácilmente rebatible desde la bioética y la simple evidencia científica. Los cambios hormonales durante los 9 meses de gestación, las reacciones químicas, el desgaste óseo y orgánico son idénticos en una madre biológica que en una gestante; sin los procesos bio-químicos en el cuerpo de la propietaria del útero, que se vinculan directamente al embrión para nutrirle y darle vida, no existiría el producto final.

Para algunas expertas en derechos humanos la maternidad subrogada es muy similar al comercio sexual, de allí que no sea casual que sus defensoras vayan de la mano. En ambos casos se admite la posibilidad de que una persona, casi siempre un hombre y en muchos casos con una mujer, pague para utilizar el cuerpo de otra mujer haciendo abstracción de su Persona. La experta Andrea Dworkin dice que la diferencia es que en la maternidad subrogada es el útero y en la prostitución la vagina lo que se renta. A la cabeza de quienes plantean nuevas ideas sobre el comercio del cuerpo humano se encuentra el filósofo británico Stephen Wilkinson, autor del libro  Bodies for sale: Ethics and exploitation in the new human body trade (2003) (se traduciría como Cuerpos en venta, ética y explotación del nuevo comercio del cuerpo humano). Este libro cuyos argumentos son usados para el debate mexicano asegura que la maternidad subrogada, la venta de órganos humanos y las patentes de ADN deben aceptarse como parte de la postmodernidad. Wilkinson plantea la necesidad de redefinir conceptos como cosificación, consenso, explotación, uso de la fuerza, y bienestar. Para él y muchos de sus seguidores que utilizan sus argumentos para legislar la subrogación, somos seres entregados al comercio, comerciamos y somos comerciables, si nuestro impulso psíquico es conservador nos hará pensar que hay algo malo en dejarse comprar, en ser un objeto en venta o en ser esclavizada.

Uno de los problemas más serios de este debate llega en el momento de señalar el producto de esa renta. A las mujeres que rentan su vientre se les compara con una trabajadora de una maquila que cose durante nueve meses, pero el producto es un ser humano; la bioética pasa inadvertida por la mayoría de debatientes políticos. Para la mujer que lo parió debe ser visto como el objeto, para los padres o madres como un bello y deseado ser humano. Ni el filósofo más complejo puede lograr dar ese salto mortal: asignar a un ser humano recién nacido la calidad de objeto en venta a la vez que la de persona y milagro biológico.

La discusión es capitalista ¿cuántas mujeres burguesas o clase media alta rentan sus úteros para que alguien más tenga un hijo? No se han documentado casos significativos de mujeres ilustradas, con economía y autonomía resueltas que estén dispuestas a pasar por los cambios hormonales, físicos y emocionales del embarazo para luego entregar a la o el bebé. Sucede excepcionalmente en ámbitos familiares, pero no debido a una necesidad económica. Esto nos lleva a preguntarnos ¿quiénes promueven rentar úteros/vientres? Quienes pueden pagar al menos 30 mil dólares por ello. ¿Quiénes los rentan? Quienes necesitan el dinero.

Los que inciden en el debate legislativo bajo la premisa de que las mujeres son propietarias de su cuerpo, de su libertad y pueden elegir lo que les plazca, son en su mayoría personas con una economía estable que promueven leyes para liberalizar el mercado del cuerpo humano y poner en entredicho los derechos laborales y reproductivos y aseguran que lo que subyace detrás del movimiento mundial contra los vientres de alquiler es conservadurismo moralino. En la mayoría de los casos las voceras más notables del movimiento pro-gestación subrogada son también líderes en la defensa del aborto y están contra la violencia feminicida. Promueven que se legisle la regulación de la renta de cuerpos de mujeres y a la industria que la opera. La tremenda desigualdad de género, la participación de la delincuencia organizada, la corrupción e impunidad legal son ignoradas por completo.

Nicole Muchnic dice que con la comercialización del cuerpo femenino todos los derechos fundamentales del ser humanos son escarnecidos: libre disposición del propio cuerpo, derecho a la integridad física y psíquica, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y a la vida. De un lado hay a una mujer o un hombre que paga y por el otro una mujer mercancía “cosificada”. Esta defensora asegura que las mujeres pobres son instrumentalizadas en beneficio de parejas ricas que consideran que es adecuado que el cuerpo humano y su producto humano se venda. La filósofa argumenta que no se puede esgrimir el principio de libertad sin conjugarlo con otros principios del mismo rango como igualdad, dignidad e integridad física-emocional.

El debate sobre la maternidad subrogada en México no es debate, sino irritantes monólogos encontrados. Utilizar un par de ejemplos de mujeres libres y  con bienestar para generalizar es tramposo. Lo cierto es que en el mundo la gran mayoría de mujeres gestantes son pobres o con grandes carencias, los intermediarios de la industria de úteros de alquiler son agencias de mercadotecnia, médicos y abogados, todos cobran grandes porcentajes. Se debate si debe ser altruista o si debe ser mercantilizada. El altruismo pone en riesgo el derecho de custodia: abre la puerta a un vacío legal para manipularlo. La mercantilización abre la puerta a la regulación legal, pero también a la trata de personas. Los casos documentados de Nigeria, India, Nepal, México y Guatemala demuestran que miles de mujeres son utilizadas para gestar bebés que serán vendidos en el mercado negro, ellos o sus órganos. Tabasco, en México, reconoce sin regular las figuras de madre gestante, sustituta, subrogada y madre contratante, por tanto es un paraíso internacional de renta de úteros y explotación de mujeres jóvenes. El contexto de discriminación, racial, social y económico en que se regula no debe ser excluido de esta discusión.

¿Legalizar evitaría la esclavitud? Con la prostitución se ha demostrado el fracaso de esa premisa en los contextos de incumplimiento de leyes e impunidad criminal. El debate sigue, los argumentos deben ser éticos, jurídicos, bioéticos, centrados en los derechos humanos y no en la filosofía de mercado y las necesidades de las personas ricas.

Este artículo se encuentra en PERSPECTIVAS #2 Una Cuestión de género- Realidades de vida en América Latina