La COP26 se celebrará en un contexto de políticas sanitarias nacionalistas con consecuencias desalentadoras, promesas fallidas de aumentar adecuadamente la acción climática y el apoyo financiero, y de un impulso sin precedentes de falsas soluciones que desvían la atención mundial de la necesidad urgente de eliminar gradualmente los combustibles fósiles.
Originalmente programada para 2020, la COP26 estaba destinada a ser el momento de la verdad. A cinco años de París, iba a ser una prueba de fuego para la voluntad de los Estados de cumplir los tres objetivos establecidos en el Acuerdo de 2015: limitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar niveles más peligrosos de calentamiento global, aumentar la resiliencia y alinear los flujos financieros para la descarbonización de las economías.
Después de 12 meses de retrasos inducidos por la pandemia de COVID-19, la COP26 se llevará a cabo entre políticas de salud nacionalistas con consecuencias desalentadoras, promesas fallidas de aumentar la acción y el financiamiento climático, y un impulso sin precedentes de falsas soluciones, que desvían la atención mundial de la urgente necesidad de eliminar gradualmente los combustibles fósiles.
Si los gobiernos quieren evitar que la COP26 pase a la historia como un golpe fatal al Acuerdo de París, y, como el momento en que la catástrofe climática se selló en nuestro destino colectivo, deben demostrar que entienden que el mundo está en llamas.
Estamos en una emergencia climática que sólo empeorará, y de manera catastrófica, sin una acción decisiva e inmediata consistente con la ciencia y la equidad para: frenar las principales fuentes de emisiones - producción y uso de combustibles fósiles, deforestación y agricultura industrial; proporcionar financiamiento adecuado y justo para cubrir daños y pérdidas y medidas de adaptación en las comunidades más afectadas y menos responsables del cambio climático; y abandonar supuestas soluciones tecnológicas, compensaciones de carbono y promesas lejanas de mediados de siglo de un “cero neto”, que son distracciones peligrosas de las soluciones reales, necesarias y viables a la creciente crisis climática.
Un asiento en la mesa: Resultados legítimos y ambiciosos requieren una participación equitativa.
La COP26 se celebra en un momento sin precedentes. La devastadora pandemia de COVID-19 está agravando los impactos de la crisis climática y magnífica y refuerza mutuamente las desigualdades globales. Los choques económicos relacionados con la COVID, están ejerciendo presión sobre países que ya son vulnerables a la crisis climática. Mientras que los países industrializados están entrando en una fase de 'recuperación post-COVID', los países de ingresos bajos y medianos siguen soportando el peso de la crisis - en gran parte como resultado del nacionalismo en el manejo de las vacunas y la avaricia de las empresas, a través de los cuales las naciones más ricas negaron el acceso equitativo a la vacunación para la mayoría de la población mundial, y que permitió que las empresas farmacéuticas dieran prioridad a las ganancias y los derechos de propiedad sobre la salud pública y la equidad. Cuando se superpone a una crisis de deuda preexistente, muchos países simplemente no pueden hacer frente tanto a la crisis sanitaria, como a los fenómenos meteorológicos extremos a los que se enfrentan.
En medio de todo esto, el Reino Unido y la CMNUCC han decidido seguir adelante con una cumbre climática presencial, desatendiendo la demanda de más de 1.000 OSC de todo el mundo de posponer la COP26 debido a preocupaciones válidas sobre la falta de inclusividad y seguridad sanitaria. La Presidencia del Reino Unido está convencida de que sus medidas son adecuadas para responder a estas preocupaciones. Pero no ha adoptado la única medida que habría sido eficaz y habría demostrado su compromiso con la cooperación internacional: promover la equidad mundial de las vacunas. Como economía importante y presidente del G7, el Reino Unido debe trabajar para eliminar las barreras internacionales al uso del conocimiento científico relacionado con la COVID a través de una exención de los derechos de propiedad intelectual bajo el régimen de comercio internacional para garantizar el acceso a las vacunas para todos. En cambio, el Reino Unido, junto con muchas otras naciones ricas, ha permitido que el nacionalismo en el manejo de las vacunas prevalezca, en un sistema que coloca las ganancias corporativas por encima del derecho a la salud de las personas.
Los más vulnerables a la crisis climática están experimentando los mayores obstáculos para llegar a salvo a Glasgow.
En consecuencia, las restricciones de viaje, las complicaciones en materia de visas, los requisitos de cuarentena, los elevadísimos costos de alojamiento y los problemas de salud y seguridad, hacen casi imposible una participación equitativa en la COP26. Los más vulnerables a la crisis climática, que son los que van a sufrir las mayores consecuencias de las decisiones que se tomen en la COP26, son los que están experimentando los mayores obstáculos para llegar a salvo a Glasgow y regresar a casa. Esta desigualdad planteará inevitablemente dudas sobre la legitimidad de cualquier decisión que se tome en la COP26, especialmente en lo que respecta a los puntos de la agenda que afectan directamente a las comunidades y los pueblos indígenas de los países menos representados en la COP.
Esos puntos de agenda incluyen, entre otros, el comercio de carbono, la revisión de los objetivos de financiación para la adaptación y daños y pérdidas.
La brecha de la ambición climática: se nos acaba el tiempo para aumentar la ambición, en línea con el imperativo de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 ° C
Hace seis años, la adopción del Acuerdo de París se presentó al público como un éxito. Se suponía que se crearía ciclos de cinco años a través de los cuales los gobiernos intensificarían la ambición de su acción climática. La COP26 tenía la intención de servir como el primer momento de contrastar con la realidad la determinación de los gobiernos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
En los meses anteriores a la COP, informes alarmantes han confirmado, sin embargo, que los planes y políticas climáticas de los gobiernos nacionales siguen siendo lamentablemente inadecuados para cerrar la brecha entre el nivel de acción colectiva y los objetivos del Acuerdo de París. Hace tres meses, todos los gobiernos respaldaron por unanimidad las dramáticas advertencias emitidas por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) sobre la magnitud de los impactos que enfrentará nuestro planeta si no cambiamos de rumbo. El IPCC enfatizó que los gobiernos aún pueden proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras a un clima seguro, pero solo si emprenden acciones urgentes y sistémicas. A pesar de esta severa advertencia, la mayoría de los gobiernos no han revisado sus compromisos climáticos nacionales y sus políticas energéticas de acuerdo con la ciencia.
Para preservar cualquier posibilidad de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, los gobiernos reunidos en Glasgow deben, por tanto, adoptar decisiones orientadas a la acción que refuercen las medidas de mitigación y aumenten efectivamente sus ambiciones.
Esto significa, entre otros resultados, reafirmar la necesidad de mantener el aumento de temperatura por debajo de 1,5 ° C, acordar que los gobiernos deben presentar compromisos más amplios cada cinco años y establecer un mecanismo anual de ampliación sus ambiciones para movilizar una mayor acción hasta que se cierre la brecha de ambiciones climáticas y mitigación. No hacerlo sería una señal de que los gobiernos han renunciado a su responsabilidad de cumplir con los objetivos de París.
El elefante en la habitación: No podemos evitar un cambio climático catastrófico sin detener la producción de combustibles fósiles y ya es hora de que las conversaciones de la ONU sobre el clima reconozcan esta realidad.
Esta COP puede ser la primera en la que algunas Partes se atrevan a pronunciar la palabra que inicia con "f": combustibles fósiles. Ni el Acuerdo de París ni ninguna decisión adoptada en una COP anterior menciona los combustibles fósiles, una omisión flagrante en un instrumento ampliamente considerado como el tratado climático global más importante adoptado hasta la fecha. Nunca ha sido más claro que los objetivos de París permanecerán fuera de alcance a menos que los Estados tomen medidas urgentes para eliminar de manera rápida, decisiva y equitativa los combustibles fósiles. El año pasado se ha visto un impulso cada vez mayor detrás de los llamados para un futuro libre de combustibles fósiles, empezando por la interrupción de la exploración y el desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo, gas y carbón, y pasos inmediatos para reducir y eliminar gradualmente las operaciones existentes, así como para detener los tan dañinos subsidios a los combustibles fósiles que ascienden a 5,9 billones de dólares solo en 2020, especialmente el financiamiento público para la producción de combustibles fósiles. Y esos llamados no provienen sólo de activistas.
En un informe emblemático publicado en mayo de 2021, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) concluyó que, para limitar el calentamiento a 1,5 ° C, no puede haber nuevas inversiones en petróleo, gas y carbón. La semana pasada, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó su Informe sobre la Brecha de Producción 2021, reforzando el imperativo climático de reducir de manera inmediata y abrupta la producción de combustibles fósiles. Sin embargo, el informe encuentra que los gobiernos planean producir aproximadamente “240 por ciento más de carbón, 71 por ciento más de petróleo y 57 por ciento más de gas” para 2030. Esto es inconsistente con limitar el calentamiento a 1,5 ° C. Más de 101 premios Nobel, más de 2000 científicos y más de 100 funcionarios electos de todo el mundo han respaldado los principios de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, exigiendo que los gobiernos los mantengan bajo el suelo. Las señales son evidentes: no hay ambición climática sin una transición justa hacia un futuro libre de combustibles fósiles. Y esa transición no puede comenzar hasta que termine la expansión del petróleo, el gas y el carbón.
La Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA, por sus siglas en inglés) es la primera iniciativa diplomática que aborda la necesidad de que los gobiernos gestionen el declive de la producción de petróleo y gas como parte central de su acción climática, y se espera que obtenga el apoyo formal de algunos Estados pioneros en la COP26. La prueba será si esos países promulgan prohibiciones totales de nuevas licencias de exploración y producción, preservan la integridad de la Alianza y reconocen la necesidad de equidad y enfoques diferenciados para la eliminación gradual en los países del Norte Global y del Sur Global.
Según informes, el propio Reino Unido tiene como objetivo encabezar un anuncio sobre el fin de la financiación pública de los combustibles fósiles en el extranjero. Dada la urgente necesidad de poner fin a todos los subsidios a los combustibles fósiles, esta es una buena noticia, comenzando con inversiones en nuevos proyectos de petróleo, gas y carbón. Sin embargo, este anuncio puede sonar hueco, dadas las políticas del Reino Unido en casa: los líderes climáticos no arriendan nuevos yacimientos de petróleo, como lo ha hecho el Reino Unido en el Mar del Norte.
Distracciones peligrosas: debemos evitar perder tiempo con falsas soluciones
Quizás la mayor amenaza para la ambición climática en la COP26 sea la peligrosa distracción de "cero neto" y las falsas soluciones a las que da cobertura: supuestas soluciones tecnológicas, como la captura y almacenamiento del carbono, la captura directa en el aire y el hidrógeno, que son innecesarios, ineficaces y arriesgados, así como otros enfoques ilusorios, como las compensaciones de carbono, diseñados para justificar la contaminación habitual con la premisa errónea de que se puede equilibrar, en lugar de eliminar gradualmente. El enfoque en lograr objetivos de "cero neto" de mediados de siglo, en lugar de objetivos de "cero real" a corto plazo enmascara la inacción climática. También retrasa y resta valor a las medidas urgentes necesarias para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 ° C, al reducir las emisiones en la fuente mediante la eliminación gradual de la producción y el uso de combustibles fósiles, la transformación de la agricultura industrial y el cese de la deforestación. La presidencia del Reino Unido es un ejemplo de ello, ya que destina una parte significativa de los fondos asignados a su plan Cero Neto para 2050 a renovar las inversiones en la industria de los combustibles fósiles sin combatir la pobreza energética. A medida que las advertencias se vuelven cada vez más graves, la paciencia del público con las promesas vacías y la tolerancia al lavado de imagen verde se está reduciendo. Evitar la catástrofe climática requiere acciones inmediatas y medidas ambiciosas de mitigación a nivel nacional, que se alineen con la mejor ciencia disponible y la equidad global.
Dentro de las negociaciones, el Artículo 6 se perfila como una de las únicas piezas del reglamento del Acuerdo de París que aún no se ha completado. Hasta ahora, seis años de negociaciones han resultado en un estancamiento en muchas cuestiones clave relacionadas con los “enfoques cooperativos” para implementar el Acuerdo de París.
El artículo 6 establece “enfoques cooperativos” que permiten a los países trabajar juntos para emprender acciones ambiciosas de mitigación y adaptación al tiempo que promueven el desarrollo sostenible y garantizan la integridad ambiental. En gran parte, esto se ha discutido como enfoques comerciales (artículos 6.2 y 6.4) y no comerciales (artículo 6.8).
El artículo 6.2 incluye el uso de resultados de mitigación transferidos internacionalmente (ITMO, por sus siglas en inglés), probablemente en un mercado mundial de carbono, para cumplir con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), mientras que el artículo 6.4 crea un "Mecanismo de Desarrollo Sostenible" (a menudo visto como un sucesor del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto), que puede posibilitar proyectos de mitigación que generen créditos.
El artículo 6.8 reconoce la importancia de los enfoques no comerciales que permiten a las Partes trabajar juntas para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
Sin embargo, la lentitud de las negociaciones del Artículo 6 hasta la fecha no justifica un enfoque de alcanzar un acuerdo a toda costa para las conversaciones de la COP26. El simple hecho de tomar una decisión, especialmente en ausencia de representantes de muchos de los países que probablemente se verán más afectados por las actividades del Artículo 6, no es una medida de éxito. Al contrario: encerrarse en normas laxas durante décadas por el mero hecho de tomar una decisión supone el riesgo de socavar la propia integridad del Acuerdo de París.
Como lo han demostrado ejemplos del pasado, los mecanismos basados en el mercado amenazan a las comunidades y debilitan la ambición climática. Con demasiada frecuencia, el comercio de créditos de carbono a través de esquemas de compensación, simplemente permite la contaminación usual por parte de grandes emisores, y se ven acompañados de daños ambientales y violaciones a los derechos humanos. Sin protecciones sólidas, los mercados incentivan la apropiación de tierras, poniendo en peligro los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los vacíos existentes han permitido créditos sin reducciones verificadas o permanentes, y la dependencia a las compensaciones perpetúa la falacia de que un beneficio climático en un lugar puede compensar las emisiones continuas en otro. No hay lugar para un enfoque de “uno u otro” para la reducción de emisiones en un mundo con limitaciones climáticas. Además, tratar la mitigación del clima como un mero problema de contabilidad de carbono no solo es reduccionista, sino que también sugiere una falsa equivalencia entre las emisiones de carbono que ignora la experiencia de las comunidades de primera línea donde se concentra la contaminación. Los mecanismos del mercado no tienen un papel a desempeñar a largo plazo, ya que mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 ° C requiere una acción doméstica real e inmediata.
Incluso con reglas sólidas, abundan los riesgos. Si los países acuerdan modalidades y procedimientos para el artículo 6 en la COP26, deben exigir que los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas sean respetados, protegidos y promovidos, y que las aspiraciones no se vean socavadas. No tenemos tiempo para repetir errores del pasado, como los relacionados con el MDL. Las reglas para cualquier régimen de comercio basado en el mercado o financiamiento basado en proyectos, que pueden darse a través del Mecanismo de Desarrollo Sostenible o las colaboraciones no comerciales deben establecer salvaguardas sociales y ambientales basadas en derechos, asegurar la participación significativa de las comunidades locales y requerir el respeto al derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, y un mecanismo de reclamo independiente a través del cual las personas afectadas puedan buscar reparación. Las reglas del Artículo 6 también deben prevenir, de manera imperativa, la doble contabilización de las reducciones de emisiones, así como la transferencia de créditos de mecanismos anteriores (como el MDL). Si se alcanza un acuerdo, los mecanismos del Artículo 6 deben promover la mitigación general de las emisiones globales, al exigir que un porcentaje de los créditos intercambiados se cancele sin contabilizarse como compensaciones. Todos estos elementos son esenciales para garantizar que el artículo 6 no socave las aspiraciones climáticas, ni comprometa la integridad del Acuerdo de París.
Estas soluciones tecnológicas propuestas distraen aún más de la necesidad de abordar los combustibles fósiles como la causa fundamental de la crisis climática
Desde la interferencia con la radiación solar hasta la eliminación tecnológica del dióxido de carbono (CDR) a gran escala de la atmósfera, los enfoques de geoingeniería presentan distintos riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente. Esos riesgos asociados a las pruebas y el desarrollo y despliegue de dichas tecnologías, superan cualquier beneficio climático a largo plazo que se alegue, que además es altamente incierto. Estas soluciones tecnológicas propuestas distraen aún más de la necesidad de abordar los combustibles fósiles como la causa fundamental de la crisis climática, y crean nuevos riesgos para las generaciones presentes y futuras. En consecuencia, otros marcos ambientales internacionales han adoptado moratorias o prohibiciones de facto sobre el despliegue de estas tecnologías. Sin embargo, el interés de los financistas corporativos y los gobiernos, especialmente los mayores emisores de gases de efecto invernadero, por promover enfoques de geoingeniería, ha crecido en los últimos meses, incluso a través de inversiones masivas en infraestructura de combustibles fósiles bajo el disfraz de captura y eliminación de carbono y de intentos de experimentos al aire libre con tecnologías y técnicas de geoingeniería solar. Para evitar adoptar soluciones falsas, la COP26 no debe abrir la puerta, ya sea en el proceso formal o en eventos paralelos, a la noción de que la geoingeniería tiene un papel que desempeñar en la implementación del Acuerdo de París.
La otra brecha de ambición climática: los países desarrollados deben restaurar la confianza y la equidad cumpliendo con el financiamiento
Hace más de una década, los países desarrollados prometieron entregar $ 100 mil millones por año en financiamiento climático para la mitigación y la adaptación para 2020. En 2021, esa promesa sigue sin cumplirse, con una brecha de financiamiento de al menos $ 20 mil millones. Mientras tanto, la crisis climática ha empeorado, exponiendo aún más la necesidad de un financiamiento significativamente mayor que la meta de 100.000 millones de dólares determinada políticamente. La pandemia y la aceleración de la crisis de la deuda no han hecho más que magnificar esta necesidad. Brindar financiamiento adecuado a los países en desarrollo, que son los más afectados por la crisis climática, pero que tienen poca responsabilidad por su origen, es fundamental tanto para cumplir con las obligaciones morales y legales de los países desarrollados, como para restaurar la confianza y la equidad como piedras angulares de la ambición climática.
En esta COP, es fundamental que los países no solo cumplan urgentemente sus promesas de aumentar la cantidad de fondos disponibles, sino que también reviertan el deterioro de la calidad del financiamiento proporcionado, con demasiada frecuencia, en forma de préstamos y principalmente para mitigación. Es fundamental que los países elaboren un plan a prueba de fallas para entregar financiamiento para mitigación, adaptación y daños y pérdidas durante los próximos cuatro años. Sin embargo, todo indica que los esfuerzos propuestos por los países desarrollados para Glasgow se quedarán significativamente cortos. Al mismo tiempo, deben iniciarse debates sobre un nuevo objetivo de financiamiento colectivo más elevado para la era posterior a 2025. El financiamiento debe ser libre de combustibles fósiles (como se mencionó anteriormente) y debe excluir el apoyo a falsas soluciones, como la captura y el almacenamiento de carbono, que mantienen los sistemas de combustibles fósiles y prolongan las industrias contaminantes, en lugar de acelerar su eliminación y sustitución.
Para restablecer la confianza y satisfacer las necesidades urgentes, las Partes deben comprometerse a un nuevo y mayor financiamiento climático, principalmente en forma de subvenciones y para la adaptación. Además, dos nuevos informes de la CMNUCC presentados por el Comité Permanente de Finanzas estiman que las necesidades de los países en desarrollo ascienden a billones de dólares y describen la insuficiencia de los flujos actuales de financiamiento climático. Estas estimaciones deben guiar a las Partes en sus consideraciones sobre cómo cumplir con los montos adeudados y proporcionar el financiamiento adecuado para abordar la escala y el alcance de las necesidades hasta 2025 y más allá. Las Partes también deben iniciar un proceso para establecer un mecanismo de financiamiento para daños y pérdidas que se necesita con urgencia. Ya se están produciendo enormes daños y pérdidas. Las comunidades no pueden esperar. Cuando se trata de entregar el financiamiento necesario, una mayor demora es mortal.
Por último, la COP debe brindar orientación al Fondo Verde del Clima (FVC), el mecanismo de financiamiento climático más importante del mundo, así como a los otros fondos que supervisa, con un enfoque en expandir y simplificar el acceso a los países más necesitados y excluir el apoyo al petróleo, gas o carbón, así como tecnologías arriesgadas de captura o eliminación de carbono que buscan reparar en lugar de reemplazar los combustibles fósiles y amenazan a las comunidades de primera línea. Esta guía debe centrarse en garantizar que el FVC aumente sus esfuerzos para proporcionar financiamiento basado en subvenciones a aquellos países, comunidades y personas que más lo necesitan a través de entidades de acceso directo, para garantizar el acceso al financiamiento con perspectiva de género, para aumentar su financiamiento para la adaptación, y para garantizar que sus socios implementadores (en la jerga del FVC: "Entidades acreditadas") estén haciendo su parte para avanzar en el objetivo establecido en el artículo 2.1 (c) del Acuerdo de París, mediante el traspaso de todas sus carteras de combustibles fósiles hacia emisiones bajas de GEI y desarrollo resistente al clima.
Respondiendo a la súplica de los más afectados: la COP26 debe fortalecer el marco institucional para movilizar eficazmente los recursos en caso de daños y pérdidas
Desde las mortíferas inundaciones en China, Alemania y Bélgica, los incendios históricos en Norteamérica, el Mediterráneo y Australia hasta Madagascar que se encuentra al borde de una hambruna inducida por el clima: 2021 ha dejado en claro que estamos viviendo la emergencia climática. Los impactos climáticos están golpeando con fuerza, alimentando la desigualdad global y amenazando los derechos humanos. Las comunidades que se encuentran en primera línea suelen ser las menos responsables de la crisis climática, además de estar mal equipadas para hacer frente a las consecuencias. Hemos entrado en la era de los daños y pérdidas y ya es hora de que la comunidad internacional, y especialmente los contaminadores históricos, se ocupen de ello. Si bien París reconoció los daños y pérdidas como el tercer pilar de la acción climática, los países más ricos hasta ahora han hecho muy poco para satisfacer las necesidades reales.
Las decisiones de la COP26 deben cambiar esto. Un reconocimiento real requiere una operacionalización plena y basada en derechos de las instituciones que se han creado para atender daños y pérdidas, como la Red de Santiago. Además, solo al hacer de los daños y pérdidas un tema fijo de la agenda de las negociaciones, recibirá el peso político que merece, y permitirá una evaluación recurrente de su realización. Por encima de todo, para hacer frente a los daños y pérdidas existe una necesidad urgente de recursos. Los países más vulnerables están acumulando deudas para hacer frente a una crisis en la que tienen poca participación. Se necesitan recursos suficientes y adicionales para aliviar la carga de estos países. Las discusiones sobre el objetivo financiero posterior a 2025 deben tener en cuenta los daños y pérdidas y también se necesitan soluciones a corto plazo para movilizar nuevos y mayores recursos financieros, incluso mediante la recaudación de fondos de las industrias que más contribuyen al cambio climático. Un mecanismo de financiamiento adecuado debe garantizar que estos medios lleguen a las comunidades más vulnerables. Con las comunidades afectadas de todo el mundo observando, la COP26 debe cumplir. Los países tienen la obligación en materia de derechos humanos de ayudar a millones de personas en todo el mundo a hacer frente al daño que ya está causando la crisis climática.
Hacia una acción climática centrada en las personas: los derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, la equidad de género y la inclusión social, deben estar ahora en el centro de las respuestas climáticas
En los últimos meses ha crecido el impulso sobre la necesidad de abordar mejor los derechos humanos y los temas ambientales de manera holística. En octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó dos resoluciones históricas, que responden a más de una década de incidencia de la sociedad civil y de las organizaciones de los pueblos indígenas. El Consejo reconoció el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y estableció un nuevo relator especial de la ONU para promover los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Estas resoluciones hacen eco de un número creciente de decisiones judiciales que reafirman que los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos de los daños provocados por el clima mediante una regulación eficaz.
Situar a los pueblos y las comunidades en el centro de la acción climática
En la COP26, las Partes deben partir de esta base y garantizar que la acción climática a nivel nacional, regional e internacional sea inclusiva, eficaz, arraigada en los derechos humanos y que contribuya a una transición justa. Situar a los pueblos y las comunidades en el centro de la acción climática también contribuirá a contrarrestar los esfuerzos para aumentar el financiamiento de las políticas climáticas y los ecosistemas, de las llamadas "soluciones basadas en la naturaleza", que tienen el potencial de socavar la acción climática efectiva y poner en peligro los derechos de las comunidades afectadas, especialmente de las mujeres o los pueblos indígenas. Los derechos humanos, las salvaguardias sociales y ambientales y las vías de reparación pueden contrarrestar estas tendencias, garantizar que estos mecanismos no representen una amenaza para los derechos humanos y, si se producen violaciones, que se establezcan sistemas adecuados de reparación.
En los últimos años, la necesidad de conciliar la acción climática y la promoción de los derechos humanos se ha abordado cada vez más a través de líneas de trabajo temáticas y organismos especializados establecidos en el marco de los Acuerdos Climáticos de la ONU, como la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE, por sus siglas en inglés), la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP, por sus siglas en inglés), el Plan de Acción de Género (GAP, por sus siglas en inglés) y el Comité de Katowice sobre medidas de respuesta. La COP26 no solo debe ampliar estos mandatos, sino que también debe garantizar que los derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género y una transición justa se reflejen de manera adecuada en todos los resultados de la COP para impulsar de manera efectiva la acción climática nacional hacia un enfoque justo e inclusivo y políticas centradas en las personas.
Los autores agradecen a Lili Fuhr y Liane Schalatek por su revisión de este texto.
Artículo original en Real ambition vs. false solutions: What’s at stake during COP26?
Traducción de la Fundación Heinrich Böll Oficina San Salvador.
