Las tres Conferencias Mundiales de Naciones Unidas durante la década de los ´90, que representaron un importante avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, coincidieron en la definición de los derechos sexuales y derechos reproductivos como los “Derechos de las mujeres y los hombres a tener control respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia; el derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos y a disponer de la información, la educación y los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”.
Si además de inalienables y fundamentales, los derechos humanos se consideran bajo el principio de indivisibles, significa que la violación de derechos en un ámbito determinado, influye o determina la violación del conjunto de derechos humanos. Esta es la primera razón para preguntarnos si, mientras se mantenga la penalización absoluta del aborto en El Salvador, son posibles los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La realidad que cotidianamente enfrentan las salvadoreñas es una respuesta negativa a esta interrogante, sobre todo si nos aproximamos a algunas de sus consecuencias más dramáticas.
De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, que recientemente ha aprobado la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y manifiesta haber cumplido el “Objetivo del Milenio número 5 referido a mejorar la salud materna y bajar la mortalidad de las madres, como uno de los logros más grandes”, en El Salvador “de cerca de 100 mil inscripciones prenatales al año, 33.2% son de mujeres adolescentes. En la actualidad, el 31.4% de los partos corresponde a mujeres de entre 15 y 19 años. Mientras que la tasa de fecundidad adolescente en El Salvador es de 104 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, cifra que es considerablemente más alta que el promedio regional de 80 por cada 1.000 para América Latina y El Caribe” .
Otros datos del mismo Ministerio muestran aún más contradicciones, tales como que “el 11% del total de muertes maternas son niñas y adolescentes y de esto el 57% fue de suicidio, mientras que para el 2012, 304 niñas salvadoreñas entre 10 y 14 años y 4674 adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años son jefas de hogar”
Según la Ley especial, integral para una vida libre de violencia para las mujeres vigente desde enero 2012, todo embarazo en una menor de 15 años debe considerarse una violación, no obstante, estas niñas salvadoreñas que ahora cargan con la maternidad forzada no fueron tratadas como víctimas de violación, ni tuvieron la opción de poder continuar o no con el embarazo que se les impuso, debido a la legislación penal que desde 1998 eliminó la figura de aborto no punible, “cuando se presumiere que el embarazo es consecuencia de un delito de violación o de estupro y se ejecutare con consentimiento de la mujer”.
Muchos de los embarazos de niñas y adolescentes son naturalizados y tratados con total normalidad por diferentes instancias institucionales. En Suchitoto por ejemplo, una pequeña ciudad al norte de la capital salvadoreña, durante el año 2012 el Hospital Nacional reporta haber atendido 6 partos de niñas entre los 10 y los 14 años, mientras a nivel del Departamento de Cuscatlán nos encontramos con el registro de 81 inscripciones maternas de niñas entre 10 y 12 años, y 544 de adolescentes entre los 15 y los 17 años. Todas ellas, podrían haberse considerado víctimas de violencia sexual, pero en el sistema de salud y en las municipalidades encargadas de la inscripción de nuevos nacimientos, son consideradas solo como madres. De allí que nos preguntamos ¿Puede una niña de 10 años estar en condiciones de decidir en libertad la continuación de un embarazo y las responsabilidades que ello conlleva? Este es el panorama de un país donde los embarazos adolescentes se incrementan cada día y donde las autoridades cierran los ojos ante la violación de derechos humanos de las mujeres que estos embarazos forzados – en muchos casos - implican.
Otro aspecto de suma gravedad es la negación del derecho a la salud a las mujeres que ven amenazada su salud y su vida por complicaciones durante un embarazo, debidas al propio embarazo o a otro tipo de enfermedades cuyo tratamiento implicaría la terminación del proceso de gestación. Lo que se conoce como aborto por indicaciones de salud está penalizado en El Salvador, y con ello se niega a las mujeres y al personal sanitario que les atienda la posibilidad de una interrupción del embarazo que pudiera salvar su vida.
De esta manera, mujeres que padecen cardiopatías, enfermedades de cáncer, embarazos ectópicos, no pueden acceder a una alternativa que salve su vida. De acuerdo a la Doctora Villalta, Coordinadora de la Unidad Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud “Vemos muertes de mujeres que pueden ser salvadas con un aborto terapéutico, pero estamos con las manos atadas”, pese a lo cual el gobierno salvadoreño se mantiene en su negativa a abrir un debate serio y científico encaminado a revisar la legislación penal en materia de aborto.
Estas graves consecuencias y la denuncia de organizaciones sociales han logrado que diferentes instancias internacionales relacionadas con la supervisión de derechos humanos analicen esta situación y hagan recomendaciones al Estado Salvadoreño. Así, en octubre de 2010, durante el período número 100 de sesiones, en la Observación 10, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresó en relación con el informe del cumplimiento del Pacto por el Gobierno de El Salvador lo siguiente:
“Su preocupación por la vigencia de disposiciones del Código Penal que criminalizan el aborto en todas sus formas, dada la circunstancia de que los abortos ilegales tienen consecuencias negativas graves para la vida, la salud y el bienestar de la mujer”.
El Comité recomendó al Estado salvadoreño: “revisar su legislación sobre aborto para hacerla compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado debe tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto. Asimismo, en tanto no se revise la legislación en vigor, el Estado parte debe suspender la incriminación en contra de las mujeres por el delito de aborto. El Estado debe iniciar un diálogo nacional sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”.
Estas recomendaciones están relacionadas con una de las consecuencias más dramáticas en la aplicación de la legislación que penaliza de forma absoluta el aborto: la criminalización de las mujeres, que acuden a hospitales públicos con complicaciones obstétricas, en muchos casos en estado inconsciente producto de fuertes hemorragias, y que son acusadas y procesadas en las mismas salas de emergencia hospitalaria, y trasladadas directamente del hospital a la cárcel.
Se trata, en la mayoría de casos, de mujeres jóvenes, que viven en situación de pobreza, por lo cual han tenido un acceso muy limitado a la educación, que padecen complicaciones en el embarazo, con partos precipitados o abortos espontáneos, ocurridos en viviendas precarias y sin asistencia médica, que llegan desangrándose a hospitales públicos buscando atención sanitaria de emergencia. Son ellas, las que, con un prejuicio instigado por años desde la Fiscalía General de la República, son tratadas como asesinas, sin ningún beneficio de duda porque no se les reconoce la presunción de inocencia, y sin comprender qué les ha ocurrido exactamente, se ven sometidas a rápidos procesos judiciales, en los que muchas veces ni siquiera conocen al defensor público que se les ha asignado, son llevadas a audiencias de sentencia, donde se les condena por homicidio agravado, hasta a 30 y 40 años de cárcel.
Es por todo ello, que podemos afirmar que este pequeño país de América Latina, que anuncia la creación de servicios públicos para mujeres que enfrentan situaciones de violencia, con discursos gubernamentales que hablan del mejor momento para los derechos de las mujeres en la historia nacional, tiene otra cara, porque la cadena de violación de derechos que la penalización absoluta del aborto implica para las mujeres, es una negación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en El Salvador, y además significa, una violación sistemática de los derechos humanos.
Morena Herrera
El Salvador, marzo de 2013
