Para cualquier persona es difícil imaginarse que, teniendo un problema de salud que requiere intervención médica, acude a un hospital y allí, donde debería ser atendida y apoyada, es al mismo tiempo denunciada por cometer un delito y sometida a procedimiento judicial desde la misma sala de emergencias hospitalaria, en un par de días ser conducida directamente a la cárcel, sin siquiera comprender que es lo que le ha sucedido.
La historia anterior podría parecer de ficción o de terror según como se vea, pero lamentablemente se trata de una situación que ocurre con bastante frecuencia en El Salvador. Ocurrió a LAS 17 mujeres por las que se solicitó indulto en abril del 2014 y a otras cuantas más que actualmente enfrentan procesos judiciales o que ya están condenadas a pasar 30 y más años en la cárcel.
Esta es una historia real pero silenciada, no era reconocida como problema social y de errores en la aplicación de la justicia hasta que en abril del 2014 un grupo de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos iniciaron la campaña UNA FLOR POR LAS 17, NO DEJEMOS QUE SUS VIDAS SE MARCHITEN con la presentación de 17 solicitudes de indulto para lograr la libertad de un igual número de mujeres encarceladas injustamente tras haber sufrido complicaciones obstétricas, fueron acusadas inicialmente de provocarse un aborto y posteriormente condenadas por homicidio agravado a 30 y 40 años de cárcel, acusándolas de haber asesinado a sus hijos recién nacidos.
Esta es una historia vinculada a la criminalización del aborto…
Aunque el aborto siempre ha sido un delito en la legislación salvadoreña, la cultura incriminadora contra las mujeres ha aumentado a partir de 1998 que entró en vigencia el nuevo Código Penal. Lo paradójico es que este código es uno de los resultados de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado que por 12 años se vivió en este país. Una ley que se suponía debería ofrecer mayor seguridad jurídica a la población, debería garantizar respeto a las garantías y derechos ciudadanos ha terminado negando el derecho a la presunción de inocencia de estas mujeres.
Lo que ha ocurrido entonces es que la posguerra salvadoreña ha coincidido con la presencia de una fuerte intervención de sectores neoconservadores en el seno de estratos con más poder económico, que han convertido el control de la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres en uno de sus ejes de cohesión ideológica mundial y que ejerce su hegemonía en sociedades como la salvadoreña, donde lograron por varios años el silencio y la persecución activa de las mujeres, sin que nadie se atreviera a decir nada.
El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas en el mundo. El 20 de abril de 1998, entró en vigencia un nuevo Código Penal en El Salvador, que eliminó las causales en las que el aborto se encontraba despenalizado hasta ese momento: en caso de riesgo para la vida de la mujer; en casos de violación o estupro; y en caso de graves malformaciones en el feto. Adicionalmente, en enero de 1999, se reformó el artículo 1 de la Constitución Política de El Salvador, en el que se estableció el reconocimiento de la persona humana desde el momento de la concepción Este cambio hacia una legislación más restrictiva va en contra de la tendencia global de liberalización que se ha dado desde 1994, año en que se celebró la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/crr_ElSalvadorReport_Sept_25_sp.pdf
Las estadísticas de aborto inseguro desaparecieron de la información que brinda el Ministerio de Salud, pero cada día aumentan los casos de suicidio de adolescentes embarazadas, habiéndose convertido en la principal causa de muerte materna en mujeres menores de 18 años.
A pesar de la legislación restrictiva de El Salvador, se calcula que para el periodo entre 1995 y 2000, hubo un total de 246,275 abortos con una incidencia del 11.1% en la mortalidad materna. De acuerdo con datos de la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud, entre enero de 2005 y diciembre de 2008, se registraron en el país 19,290 abortos, de los cuales el 27.6% ocurrieron en Adolescentes. www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/crr_ElSalvadorReport_Sept_25_sp.pdf
Avances y dificultades de la campaña por la Libertad de LAS 17…
La campaña por la Libertad de LAS 17 que un conjunto de organizaciones solidarias viene impulsando, ha logrado en un año la aprobación de 2 de los 17 indultos solicitados. Quedan 15 + otras mujeres que están condenadas a penas de 30 años de cárcel, pero cuyas sentencias aún no están firmes y por las que se ha presentado recurso de apelación y de casación.
Falta mucho para lograr la libertad de estas mujeres que coinciden con un perfil de pobreza, juventud y bajo nivel educativo. Pero también se ha caminado por vías paralelas, el día 23 de abril del 2015 se logró la libertad de Carmelina, una chica hondureña, que trabajaba como empleada doméstica en la región oriental salvadoreña. Carmelina un parto en condiciones similares a las de LAS 17, la llevaron al hospital desangrándose donde fue acusada primero de aborto, luego condenada a 30 años de cárcel. Su historia cambió porque un equipo de defensores de derechos humanos presentó una apelación a la sentencia, mostrando como se le habían violado derechos humanos, entre ellos el del secreto profesional y la presunción de inocencia; la apelación fue aceptada y se instaló un nuevo juicio en el cual se reconoció su inocencia y pudo recuperar la libertad después de pasar 16 meses en la cárcel.
La historia de LAS 17 ha puesto en evidencia que no se trata de un caso aislado, sino de una violación sistemática de derechos humanos de las mujeres, precisamente de los derechos reproductivos. Esta no es una realidad que afecte por igual a todas las mujeres, afecta de manera especial a las que viven en situación de pobreza, porque es una injusticia asociada a las profundas desigualdades socio económicas que se viven en El Salvador y a la criminalización que se ejerce contra las mujeres sospechosas de haberse provocado un aborto.
Las organizaciones y personas que luchan contra esta injusticia también son estigmatizadas, acusadas de defender a asesinas, tildadas de abortistas e inmorales. Amenazadas con acusaciones de apología del delito e inducción al aborto. Sin embargo esta vez, los grupos conservadores antiderechos, no han logrado acallar las voces que claman por la justicia, lejos de ello cada día son más las personas que al conocer las historias de las mujeres, toman conciencia de esta injusticia, y poco a poco se va sacando del silencio una problemática que estaba soterrada, que nadie reconocía como problema social.
En el año 2014 la presentación del Informe de Amnistía Internacional Al borde de la muerte Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador, significó un ANTES y un DESPUES para quienes luchan en ese país contra esta cultura incriminadora y la criminalización de las mujeres. Se han ido construyendo alianzas entre organizaciones e instancias que defienden derechos humanos, articulando esfuerzos y apoyándose mutuamente. Así, deferentes organizaciones que hicieron incidencia para el Examen Periódico Universal, lograron que 12 países recomendaran al Estado de El Salvador revisar su legislación sobre aborto y dejar en libertad a LAS 17.
En Centroamérica y el Caribe: El Salvador, Haití, Surinam, Honduras y Nicaragua son los países donde el aborto está totalmente prohibido en todas sus formas. En contraste, Uruguay desde 2012 tiene una ley que despenaliza totalmente el aborto hasta la duodécima semana de gestación, y otros países como México permiten el aborto en casos de violación. En países como Colombia y Argentina, es un tema que continúa en debate a pesar de lograr avances en cuanto a los abortos por violación o riesgos para la salud de la madre, por lo que hay continuas reformas. Actualmente en Chile, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, analiza la despenalización del aborto bajo tres causales, tras el proyecto enviado por la Presidenta Bachelet y que abre la posibilidad de realizar este acto en caso de inviabilidad del feto, riesgo de salud de la madre y violación. (Lepe, N.. (2015). “Chile entre los 9 países del mundo que castigan el aborto”. Publimetro, Chile Sitio web: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/chile-entre-los-9-paises-del-mund…)
Las demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
De la mano de otras organizaciones internacionales que defienden derechos humanos se han presentado dos demandas ante el Sistema de Derechos Humanos de la OEA. El caso de Beatriz que conmovió al mundo con su petición de “quiero vivir” y al pedir la interrupción de su embarazo porque padecía de enfermedades que se complicaban con el avance de la gestación y su embarazo era anencefálico, puso en evidencia todas las resistencias institucionales a reconocer el derecho a la vida de las mujeres. Beatriz fue victimizada por una enorme presión para que desistiera de su petición, pese a que 15 médicos especialistas confirmaron su diagnóstico y la recomendación de interrumpir su embarazo. Beatriz esperó una resolución de la Sala de lo Constitucional que nunca llegó favorable a su petición, ha reflexionado sobre lo que le pasó, por eso ahora está firme y dispuesta a seguir con este proceso de búsqueda de justicia en instancias internacionales, porque sabe la importancia que tiene para ella y para otras mujeres seguir adelante con esta demanda.
También se ha presentado el caso de Manuela, una mujer que vivía en una comunidad rural, que después de una emergencia obstétrica en el hospital al que la llevaron con una fuerte hemorragia, fue acusada de aborto y condenada a 30 años de prisión; muriendo al poco tiempo en la cárcel debido a un cáncer linfático que padecía y que, de acuerdo a interpretaciones médicas, pudo provocar la pérdida de su embarazo. Manuela murió con el estigma de ser una asesina y no volvió a ver a sus dos hijos. El tribunal que la condenó se negó a hacer la revisión de sentencia pos morten, pese a que abogados defensores de derechos humanos la solicitaron, por ello se ha presentado la demanda ante la CIDH. Ambas demandas han sido retomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adelantando la petición al Estado salvadoreño para que brinde información sobre cada uno de los casos.
La falta de reconocimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos
El panorama salvadoreño de los derechos sexuales y derechos reproductivos se vuelve más complicado, cuando se ve crecer el índice de embarazos en niñas y adolescentes, pues cada día se ven más niñas de 10, 11 y 12 años que tienen que concluir embarazos forzados, pese que la legislación salvadoreña establece que los embarazos de niñas con 14 o menos años son considerados resultados de violación.
Hablamos de la historia de un país donde recientemente algunas leyes han cambiado y se reconocen algunos derechos de las mujeres, donde se han creado algunos servicios públicos para atender algunas de sus problemáticas, pero donde el núcleo central de las desigualdades entre mujeres y hombres continúa reproduciéndose de forma inalterable.
En El Salvador los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres siguen aún pendientes de ser una verdadera realidad. Algunas mujeres siguen recorriendo el camino del hospital a la cárcel, porque en los hospitales públicos, aunque han disminuido las denuncias, siguen ocurriendo.
El Salvador tiene la mayor tasa de embarazos de adolescentes de Latinoamérica. Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar, más de una quinta parte (el 23 por ciento) de las adolescentes de El Salvador entre los 15 y los 19 años se han quedado embarazadas al menos una vez. Casi la mitad de ellas tenían menos de 18 años y no querían quedarse embarazadas. En 2013, la Policía Nacional Civil registró un total de 1,346 violaciones de mujeres y niñas; no se tiene un dato exacto en cuanto a los embarazos como producto del delito. (Amnistía Internacional (2014) “Resumen Ejecutivo Al borde de la muerte. Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador”, Sitio Web http://www.amnistia.org.ar/micuerpomisderechos/elsalvador)
Quince de LAS 17 continúan injustamente en la cárcel junto a otras más mujeres que han sido condenadas en los siguientes años. El camino de los indultos lo ha cerrado la Corte Suprema de Justicia que si bien se atrevió a emitir un dictamen favorable para el indulto de Guadalupe, “por razones poderosas de justicia y equidad y reconociendo que ha habido errores jurídicos”, lo ha negado a mujeres cuyos casos presentan circunstancias similares. Todos reconocen que se trata de condenas excesivas y que muchas han sufrido violación al debido proceso, lo que significa una violación a garantías constitucionales que el Estado de El Salvador asegura a todos y todas sus ciudadanas.
La libertad de las mujeres no está amenazada solo en El Salvador, la madre de una niña del Paraguay está en la cárcel por pedir la interrupción del embarazo para su hija quien fue víctima de violación. Pero cada día aumenta el compromiso solidario de buscar la libertad, de luchar por la vida y la salud de las mujeres, mediante recursos de justicia en cada país, pero cuando no se logra en los marcos nacionales se recurre a en instancias internacionales de aplicación de la justicia.
Es necesario que cada día más personas reconozcan que al negar la libertad de las mujeres se niega su condición de humanas, y que eso es lo que hacen Los sectores fundamentalistas neoconservadores, pero no lo van a lograr, porque pese a todas sus inmensas riquezas y el control de poderosos medios de comunicación, cada día somos más las personas que aspiramos a un mundo más justo y solidario.
Morena Herrera
Feminista - El Salvador
Nota: la información de los recuadros ha sido introducida por la Fundación Heinrich Böll
